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En Venezuela, desde 1876, los diferentes Ministros que han ocupado el Despacho de Educación han destacado en las Memoria y Cuenta presentadas ante el Poder legislativo, la actividad supervisora sobre los contenidos de los textos escolares y la consecuente autorización para su comercialización. Una exhaustiva revisión de las Resoluciones Ministeriales emitidas por los gobiernos posteriores a la dictadura de Pérez Jiménez hasta el año 2005, hace evidente el abandono progresivo de esta práctica. A partir de 1998, la actividad de control y supervisión sobre los contenidos de estos recursos didácticos, otrora función indelegable de las autoridades educativas, ha quedado en manos del libre mercado, a contracorriente del discurso antineoliberal y estatista que ha caracterizado a la llamada revolución bolivariana. Ante tal indiferencia, le corresponde a los maestros, a los padres y representantes el deber de estar alertas de la calidad didáctica y pertinencia de los contenidos de los textos escolares que se ofrecen en el mercado editorial venezolano.

 

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