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El concepto de ciudadanía nace con la
Revolución francesa, con la particularidad de que subsume todas las
identidades posibles, hasta el punto de que cuando en el siglo XIX y
buena parte del XX se hable de identidad se entiende por ella, a priori,
la identidad nacional. Por ello, resulta imposible no aludir en el
proyecto a la cuestión del nacionalismo, posiblemente el tema más
tratado por las ciencias sociales. Según E. Gellner (1988), la necesidad
de una homogeneización cultural y de un complejo código estándar de
comunicación en las sociedades modernas, que implica, a su vez, la
existencia de un sistema general de educación, fueron condiciones
necesarias para el surgimiento del nacionalismo, pero en la teoría
política actual la nación no es una entidad natural o previa sino un
constructo político: el nacionalismo engendra la nación sobre la base de
distinciones etno-culturales más o menos contingentes, reconsiderando,
por tanto, la concepción clásica entre nación y nacionalismo e
invirtiendo la relación de causalidad entre ambos (Máiz, 2006). Lo que
inevitablemente conduce el problema de las identidades múltiples o
complejas en el marco de un Estado-nación como el actual, muy
debilitado.
La cuestión de las identidades complejas
adquiere un peso particular en el caso español. Durante el siglo XIX la
formulación del concepto de nación en España se produce dentro de un
complejo proceso de transformación de un imperio a una nueva situación
de Estado-nación (Álvarez Junco, 2001). La idea de nación política
ligada a la primera revolución liberal (Cortes de Cádiz), que suponía
una gran comunidad de ciudadanos aglutinada en la defensa de un orden de
derechos y libertades, tuvo un escaso desarrollo a lo largo del siglo
XIX. El concepto de soberanía nacional no fue el centro del sistema
político, porque a lo largo de toda la centuria se afirmó
mayoritariamente el principio doctrinario de que la soberanía residía en
unas Cortes (poco representativas) junto con el Rey. En la idea cultural
de la nación se afirmó el papel de Castilla como el núcleo político y
cultural de la nación española, planteándose la idea de nación como un
proyecto de homogeneización cultural.
Existe bastante unanimidad entre los historiadores a la hora de definir
las debilidades de la integración nacional en la España del siglo XIX
como consecuencia de un déficit de Estado. El siglo “nacionalizador” no
contó en España con un instrumento facilitador de la identidad nacional
como el sistema educativo: un Estado débil produjo un sistema educativo
débil; el papel nacionalizador de la educación pública no actuó como en
otros países europeos (Puelles, 2004). El Estado se mostró, pues,
incapaz de influir política y culturalmente en la sociedad por medio de
instituciones, valores y símbolos, aceptables para el conjunto de los
ciudadanos. A finales del siglo XIX era evidente que existía ya un
problema incipiente de identidades complejas, fruto de la emergencia de
los hoy llamados nacionalismos periféricos. En el curso del siglo XX,
las orientaciones fuertemente centralizadoras y uniformizadoras de las
dictaduras de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco no sólo no
acabaron con las pujantes identidades complejas sino que exacerbaron las
disensiones entre el nacionalismo mayoritario y los nacionalismos
minoritarios.
El último cuarto del siglo XX ha puesto de relieve la fuerza de las
identidades múltiples, planteando lo que los politólogos denominan un
conflicto territorial fruto de la insuficiente respuesta de “las
políticas de la identidad”. La organización territorial del Estado en
Comunidades Autónomas fue precisamente el resultado de la negociación de
este conflicto, pero no ha bastado para suprimir dichas tensiones, tal
como es evidente en el actual proceso de reforma de los estatutos de
autonomía. La posible vía de una política de convivencia de identidades
múltiples, de lealtades compartidas, abierta por el Gobierno salido de
las urnas en 2004, es aún incierta y problemática.
Los procesos sociales de conflicto y negociación, incluidos los que
buscan construir o deconstruir identidades colectivas, no pueden ser
comprendidos solamente como disputas de intereses sino que, al mismo
tiempo, son luchas por el reconocimiento que se traducen, a su vez, en
derechos normativos. Por otra parte, las expectativas colectivas
resultantes se entrelazan con las condiciones de formación personal de
la identidad, en cuyo marco un sujeto aspira a saberse respetado en su
entorno sociocultural en tanto que ser autónomo e individualizado (Honneth,
1997). |
