|
La idea de ciudadanía se ha convertido en
una de las cuestiones más relevantes de la ciencia política de los
últimos años, ya que a través de ella se plantea un conjunto de
problemas que afectan a la organización y regulación de la convivencia,
tales como la globalización, las migraciones, los derechos humanos, el
respeto a identidades minoritarias (plurinacionalismo,
multiculturalismo) y la construcción de un espacio político
supranacional -la Unión Europea-, al mismo tiempo que en países como
España subsisten fuertes tendencias particularistas que inciden
notablemente en la organización del Estado.
El concepto de ciudadanía es, en sí
mismo, un objeto problemático. Se pueden señalar varios rasgos que
permiten un acercamiento más definido a sus diferentes significados:
sentimiento de identidad o pertenencia; valores que se consideran
inherentes al ciudadano; extensión del compromiso político;
prerrequisitos sociales considerados necesarios para una ciudadanía
efectiva.
Cada uno de estos rasgos puede ser descrito en términos de mínimos o
máximos. Así, por ejemplo, la identidad, en el sentido de mínimos,
tendría un significado meramente jurídico o legal: un determinado
estatus civil asociado a ciertos derechos como, por ejemplo, el
ejercicio del sufragio. En un sentido más amplio, la identidad conferida
por la ciudadanía supone la conciencia de ser miembro de una comunidad
política, lo que implica obligaciones y derechos. Del mismo modo, un
valor como la lealtad comunitaria puede referirse a actitudes locales o
regionales, o a los vecinos, en la interpretación mínima, o a una mayor
lealtad nacional o supranacional, incluso a un compromiso con la
justicia, en la interpretación máxima. El significado político puede ser
concebido como un derecho que se concreta en la tarea de votar a los
representantes, en la concepción de mínimos, o como una participación
activa con los valores fundamentales de la democracia, en la concepción
de máximos. Por último, los prerrequisitos sociales pueden ser pensados
sólo como una garantía legal en el ejercicio de los derechos, en su
interpretación más estricta, o como un estatus igualitario, sin
desventajas sociales de ningún tipo, en la versión más amplia (Mclaughlin,
1992).
Estas diferentes concepciones tendrían una incidencia decisiva en el
terreno escolar a través de los contenidos curriculares. Por ejemplo,
las concepciones mínimas ponen el acento en brindar información sobre el
sistema legal y sobre el estatus jurídico de la ciudadanía, así como en
el desarrollo de virtudes centradas en lo inmediato y lo local. Las
concepciones máximas, por el contrario, persiguen desarrollar en los
estudiantes una amplia capacidad de reflexión crítica y de comprensión
de los problemas de la democracia, así como favorecer una activa
participación ciudadana.
En parte, estas concepciones se traducen en diferentes modelos, de los
que cabe resaltar hoy tres: el modelo liberal, el comunitarista y el
republicano, con su consiguiente repercusión sobre la ciudadanía. El
modelo liberal, predominante en las sociedades occidentales actuales,
afirma la primacía del individuo y de sus derechos, de donde resulta una
defensa firme de la autonomía y de la libertad individuales. El
ciudadano liberal, en cuanto sujeto de derechos, demanda un espacio de
libertad negativa, con la menor intervención posible del Estado, al que
le exige neutralidad ética. Pero, por otra parte, la exigencia de
participación es débil, las valores requeridos son principalmente
privados, y la democracia es entendida de modo instrumental en tanto
posibilita la autonomía privada, todo lo cual desemboca en un concepto
lábil de ciudadanía, aun cuando haya autores liberales como Rawls (2004)
que sostienen que la legitimidad procedimental de la democracia no
garantiza por sí misma la justicia.
El modelo comunitarista critica lo que considera efectos negativos de la
concepción liberal: cierta tendencia a la disgregación social, pérdida
del sentido de lo público, desarraigo de los individuos frente a valores
y tradiciones. La identidad de los individuos no puede entenderse al
margen de la comunidad a la que pertenecen. Los ciudadanos serían, así,
miembros de una comunidad de historia y cultura que les precede. El
Estado no puede ser, por tanto, éticamente neutral, sino manifestarse a
favor de la visión del bien común adecuada a la idiosincrasia de cada
comunidad, lo que vincula estrechamente este modelo de ciudadanía con
los nacionalismos. Se exige al ciudadano una participación fuerte pero
poco crítica con los valores comunes y el horizonte cultural de la
comunidad. El modelo busca la homogeneidad, sin tener en cuenta la
pluralidad propia de las sociedades modernas.
El modelo republicano se opone al individualismo liberal y a la
concepción instrumental de la ciudadanía y de la democracia. Afirma la
autonomía individual pero la vincula a la participación y al compromiso
con la esfera pública. Entiende la libertad como no-dominación, como la
independencia frente a intervenciones arbitrarias (Pettit, 1999).
Postula un concepto fuerte de ciudadanía vinculada a la condición
deliberativa del cuerpo de ciudadanos. Coincide con el comunitarismo en
la prioridad de lo común, del compromiso y la participación, pero se
aleja de él porque no acepta la adhesión acrítica a valores
preestablecidos ni requiere ni pretende la homogeneidad cultural y
moral. Exige la virtud ciudadana, pero entendida no como cualidad moral
sino como compromiso activo con la república (Peña, 2000). |
