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La ciudadanía, entendida como categoría
actual, tiene, como ya se ha indicado, una triple acepción: implica un
sentimiento de pertenencia a una comunidad, lo que liga el término con
las políticas de identidad; supone un estatus que permite el ejercicio
de los derechos o, como se ha dicho, la adquisición del “derecho a tener
derechos” (también obligaciones); finalmente, impulsa una actitud de
participación activa en la vida común. Todos estos contenidos confluyen
en la educación para la ciudadanía y conectan con lo que los politólogos
llaman cultura política, es decir, con el conjunto de valores,
creencias, ideas, sentimientos y conocimientos referidos a la vida
política (Almond y Verba, 1963).
La cultura política alude, pues, a
orientaciones recibidas fundamentalmente en la familia y en la escuela,
que los autores citados, siguiendo las indicaciones de Parsons,
clasifican en tres tipos distintos: orientaciones cognitivas,
enderezadas a la transmisión de conocimientos acerca de la vida política
–instituciones, normas de funcionamiento, roles, etc.–; orientaciones
afectivas, dirigidas a la formación de sentimientos hacia la comunidad y
el sistema político; orientaciones evaluativas, encaminadas hacia la
formación de juicios sobre los diferentes sujetos y objetos políticos.
Desde la perspectiva de la educación, la cultura política se revela como
un concepto importante que pone en relación la micropolítica de la
escuela con la macropolítica de los sistemas educativos.
Obviamente no es un concepto tan sencillo como parece a primera vista.
Así, desde los trabajos de Almond y Verba, se suelen distinguir tres
tipos distintos de cultura política, aplicando a estos efectos los tipos
ideales weberianos: cultura política parroquial o localista, en la que
los sujetos apenas reconocen la existencia de una autoridad nacional,
adoptando una posición pasiva al respecto, sólo atenuada por un
sentimiento de afección hacia su contorno local más próximo –tribu,
etnia, región, etc.–; cultura del súbdito, en la que los individuos son
conscientes de la existencia de una autoridad política superior de la
que sólo esperan resultados políticos, desentendiéndose de los procesos
de decisión política; finalmente, cultura de participación, en la que
las personas adoptan un papel activo hacia el sistema político, tanto
desde el punto de vista del conocimiento, como de la afección y la
evaluación.
Estos tipos ideales se han visto expuestos a numerosas puntualizaciones
y matizaciones, pero, pese a las críticas mencionadas, han impulsado el
estudio de la cultura política (Torcal, 2000), planteando con ello un
nuevo paradigma que representa un paso importante para explicar las
relaciones entre la macropolítica y la micropolítica de la educación. Es
un concepto relevante que habrá que tener muy en cuenta en esta
investigación sobre la educación para la ciudadanía. |
