El Alto Tribunal considera que el manual «vulnera los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución» y es por esto por lo que el niño «no está obligado a asistir a las clases de esta asignatura ni a ser evaluado mientras se imparta con el libro citado», expone el fallo.

La batalla jurídica contra la asignatura la cerró el Tribunal Supremo al negar la objeción de conciencia sobre la materia en varias sentencias de 2009. Sin embargo, sí permitía objetar sobre los contenidos que se imparten cuando no respeten la neutralidad ideológica. Y es precisamente la premisa a la que se han acogido los padres. El abogado que ha defendido el caso, Abel Martínez,  aseguró que el manual es una «imposición total de la ideología de género, tanto en la antropología humana como en la sexualidad y, además, ridiculiza el sentido religioso».

Para el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, la sentencia «es un triunfo de la libertad de los padres de Bollullos Par del Condado, que han conseguido que se reafirme el derecho de todos los padres españoles a que no se adoctrine en las escuelas a sus hijos contra las convicciones morales de la familia». Y no sólo eso, «tiene una inmensa trascendencia, ya que aplicando la doctrina del TSJ de Andalucía, los padres podrán negarse a que haya adoctrinamiento en materia de sexualidad en las escuelas».

Ahora queda por ver si otros manuales serán llevados a los tribunales por su contenido. Sin embargo, el abogado de la familia aseguró que, de momento, no hay previsto ningún otro recurso.

Más demanda de colegios concertados
Los padres prefieren llevar a sus hijos a centros concertados.  De hecho, el presidente de la CECE, la patronal de la enseñanza privada concertada, Antonio Rodríguez-Campra, aseguró ayer que «hay un clamor social enorme por intentar meter a los hijos en colegios concertados». Según Rodríguez Campra, «si hace años había listas de espera, ahora se han incrementado aún más».  El presidente de la CECE se quejó ayer de que los presupuestos de Educación para el año que viene reduzcan en un 1,67% la asignación para los gastos de funcionamiento de estos centros (luz, agua, limpieza, conserje, administración...). Y más teniendo en cuenta que el puesto escolar en la concertada cuesta la mitad que en la pública.

Según un estudio de la patronal de la enseñanza privada y concertada, mientras que en Andalucía que un niño estudie en un colegio público le cuesta a la Administración 5.060 euros al año, en la concertada le supone un desembolso de 2.394 euros.